Es común escuchar: “¿Para qué pago impuestos si se los roban?”.
Sobre esta pregunta se pretende reflexionar en dos aspectos: ¿Cuál es la
verdadera dimensión de los recursos perdidos? y ¿Es justo castigar este hecho de
corrupción con un comportamiento de evasión?
Frente a los recursos
perdidos, algunos académicos calculan que por cuenta de la corrupción y fallas
en el manejo administrativo del Estado, se pueden perder hasta 5 billones de
pesos en un solo año. Si comparamos esta cifra con el presupuesto actual,
podría afirmarse que por cada 100 pesos se pierden 2,64 pesos. Esta pérdida puede
ser mucho más grave si se toman otras fuentes que afirman que la corrupción
puede llegar a más de 6 billones de pesos. En cualquiera de los casos, dejan de
ejecutarse obras y servicios valiosos para la población, especialmente para
atender a las comunidades más necesitadas.
Recordemos que los impuestos hacen parte de los recursos o bienes públicos; estos recursos se han obtenido del aporte tributario pagado por los ciudadanos contribuyentes en distintos momentos y lugares del país. Por lo tanto, si alguien se apropia indebidamente de unos recursos, no solo está afectando el funcionamiento del Estado sino el bolsillo de cada uno de los colombianos.
Frente a la forma de
castigar la corrupción, por parte del ciudadano que opta por no pagar sus
obligaciones, lleva a una falsa justificación que en lugar de solucionar agrava
el problema y evade toda la responsabilidad como ciudadano.
Sabemos que por
razones de la Ley y de la costumbre es un deber pagar los impuestos. Desafortunadamente, aún no actuamos por la Ley
y la costumbre para cuidar los
recursos. Las normas nos permiten vigilar en todo su recorrido los impuestos:
desde cuando se crean, se recaudan, se distribuyen en el presupuesto, se
ejecutan por parte de las instituciones y hasta cuando se disfrutan por parte
de los ciudadanos. No tenemos aún la costumbre de ejercer estos derechos,
estamos aprendiendo de la Constitución y las leyes. Por lo tanto, la respuesta
ante la corrupción o mal manejo de los recursos no puede ser la evasión. La
mejor forma de impedir estos delitos es mediante el control social.
Cómo
garantizar el cuidado de los recursos para poder disfrutarlos
Existen dos formas de ejercer el control social: mediante las acciones de los entes de control del Estado y mediante la participación ciudadana.
En cuanto a los entes
de control, el Estado cuentan con las siguientes instituciones, entre otras: la
Contraloría General de la República, la Contaduría General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.
En el ámbito interno de la DIAN, se cuenta con la Oficina de
Control Interno y la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno,
con las cuales se garantiza el control a los procesos y la debida actuación
ética de sus funcionarios. En aspectos de la contratación, la DIAN reporta las
actuaciones de contratos, ante las distintas instancias. Finalmente, cuenta con
el servicio de "PQSR y Denuncias" que permite al usuario presentar quejas,
reclamos, sugerencias, peticiones y felicitaciones desde el portal de la DIAN.
En cuanto al control social mediante participación ciudadana,
nuestra
Constitución señala entre los fines esenciales del Estado: Promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados y facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa. Asimismo,
reconoce la participación en la
conformación, ejercicio y control del poder político.
En conclusión, contamos con los mecanismos e instituciones
de participación ciudadana para ejercer el control sobre la gestión pública y
el manejo de los bienes públicos. Los principios de participación ciudadana nos
generan compromiso, nos invitan a la reflexión y solución de problemas
colectivos, contribuyen a la construcción de ciudadanos capaces de interesarse
en las funciones y acciones públicas, y facilitan que los ciudadanos accedan en
igualdad de oportunidades a su propio desarrollo y al de la colectividad.
Siendo así, qué nos impide dar el paso para apropiarnos del
ejercicio del control social y de esta forma garantizar la eficiencia y
transparencia de la administración pública.
Cultura de la Contribución, un compromiso de
construcción colectiva de sociedad y bien común.
