“La astucia puede tener
vestidos, pero a la verdad le gusta ir desnuda”
Thomas Fuller
Thomas Fuller
Colombia es un país que históricamente ha estado azotado por diversos
comportamientos ilegales y delictivos por parte de algunos miembros de la
población. Narcotráfico, evasión de impuestos, corrupción y contrabando, entre
otros. Estos son hechos contundentes que afectan el bienestar y la convivencia de la gran
mayoría de nuestra comunidad.
En este contexto planteado, las acciones de control de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, contribuyen a disminuir sustancialmente
estos eventos negativos.
Por eso, cobra importancia la Aduana, quien al facilitar los
procesos de comercio exterior, ejerce controles para evitar acciones de
contrabando y lavado de activos.
Su accionar permite el ingreso y salida de mercancías de manera
legal, protege la economía nacional y canaliza los ingresos por
estos conceptos. Estos ingresos entran a hacer parte del presupuesto nacional
para su distribución en los diferentes
sectores para el beneficio de la comunidad mediante obras, servicios y
bienestar.
Pero, ¿qué ha pasado con
las aduanas en el territorio que hoy es Colombia?
En las épocas coloniales se conoció la existencia de barcos de
comerciantes y piratas extranjeros que se acercaron a las costas de la Nueva
Granada con el propósito de vender sus mercancías y llevar para Europa nuestros
metales preciosos. Esto lo lograron con métodos diversos: desde la violencia e
intimidación a las poblaciones costeras (no en vano tenemos murallas en nuestra
ciudad de Cartagena), hasta el soborno, chantaje y engaño a los funcionarios de
la corona española, quienes se involucraron en actos de contrabando y
corrupción en detrimento de España y por supuesto de las propias colonias
americanas.
Durante el siglo pasado, por efectos de la modernización, Colombia
y el mundo dieron un gran paso en su organización económica y productiva. Los
cambios en la infraestructura y adelantos en las ciencias, permitieron un mayor
crecimiento y desarrollo social y económico. Sin embargo, las condiciones
culturales heredadas por nuestra población se mantuvieron a la sombra de los
nuevos desarrollos tecnológicos y civilizatorios. El pensamiento, creencias, y
comportamientos, de la sociedad no permitieron el ejercicio responsable de la
ciudadanía; el individualismo egoísta no democrático, estuvo presente en todo
el territorio colombiano.
La apertura al mercado mundial no ha venido acompañada de la
formación y conciencia en nuestra población para administrar, adoptar o
contrarrestar todos los efectos que aquella viene presentando en el país. La
educación, formal y no formal, solo logran procesos sociales de adaptación como
consumidores a la nueva realidad económica y tecnológica del mundo y no es
suficiente.
Si queremos un país sin contrabando, sin evasión sin corrupción, en donde
la ilegalidad y el delito sean cada vez más imposibles, debemos fortalecer,
coordinadamente, los procesos de orientación y control hacia las actividades
económicas, junto con los procesos de formación y educación de las personas en
el ejercicio de una ciudadanía responsable, solidaria y comprometida con un
país que no es ajeno sino, que le pertenece a todos los colombianos.
En este sentido, el Estado y la DIAN tienen la responsabilidad de
controlar todas las operaciones económicas y el compromiso con la formación
de nuevos ciudadanos. El ejercicio
social de actividades económicas legales
propicia la presencia de empresarios y trabajadores responsables, y la mejor
educación de estos y de sus familias, garantiza la prosperidad y convivencia en
una Colombia pacífica.
Cultura
de la Contribución, un compromiso de construcción colectiva de sociedad y bien
común.
